Se reabre el debate en torno a la despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal, y Revista PPP va más allá del sí y el no. Conocimiento e información para poder elegir.

“La estrategia de combatir la comercialización de drogas a partir del usador, es incongruente y contradictoria”... es esta la frase que creo, resume de buena manera páginas y páginas de argumentos esgrimidos en la justificación del proyecto para la reforma de la ley de drogas que rige en Argentina. La ley de la que hablamos es la 23.737 y lo que se postula es la despenalización de la tenencia de estupefacientes para uso personal. Todas las notas contenidas en la tapa de este número pepepiano hacen referencia a la temática, no sólo porque nos parezca interesante avanzar en este tipo de cuestiones, sino porque la ley que tenemos, además, no sirve... y miren que no lo decimos nosotr@s (aunque lo vamos a decir después). Y plantea el proyecto: “No es novedosa la posibilidad de que la intención de solución de un problema se vea invalidada por la forma elegida para lograr dicho objetivo. Pero la situación se vuelve mucho más delicada, cuando la herramienta adoptada no sólo no se demuestra eficaz, sino que se convierte en un factor de agravamiento de aquello que pretende resolver” (1).
Si sos de l@s que consumen algún tipo de droga es obvio que vas a estar más que interesad@ en esta nota (y por supuesto, en el debate público que se viene dando desde un par de meses hasta acá) porque suponemos que quien consume, más de una vez posee, y si posee y lo engancha la policía, marcha pres@.
Si sos de l@s que no consumen ningún tipo de droga (o por lo menos de las ilegales) también deberías interesarte en el tema y descubrir cómo el estado que te cuida te está cagando. Llena las comisarías de pib@s pres@s, inicia causas penales, mete a la justicia en el medio, se invierte dinero, se los obliga a recibir tratamiento, informa que avanzan contra los narco y nada de esto es lo que realmente nos haría avanzar (en el caso de suponer que se pueda) a combatir el tan añejo y discutido narcotráfico. Ahora vayamos viendo por qué.
En 1961 se aprobó el CONVENIO ÚNICO SOBRE ESTUPEFACIENTES de Naciones Unidas, el cual es hasta hoy, el único marco compartido como base legal de la mayoría de los países del mundo. Como pasa cotidianamente, este convenio no hizo más que reafirmar el liderazgo de Estados Unidos en materia de estupefacientes y definió las políticas que estarían orientadas a eliminar el cultivo, la producción, el comercio y el consumo de drogas ilícitas. Pero claro que ¡no es una sola persona o empresa la que se dedica a plantar, producir, distribuir y vender la droga! “Ahora lo que se advierten son franquicias, nadie hace todo el circuito entero. Entonces hay unos que cultivan, otros que transportan, otros que se encargan de la introducción y de ver de qué manera logran connivencia oficial para ingresar una sustancia prohibida por la frontera. Otros se encargan del transporte dentro del territorio nacional y otros de los contactos para la salida. La cocaína no va a salir por sobres. La mayoría de los cargamentos salen por vía marítima y la provincia de Buenos Aires tiene los puertos más grandes: Zárate-Campana, Bahía Blanca y el puerto de Mar del Plata. Ese control político y de seguridad le corresponde a la Policía Bonaerense porque está dentro de su territorio y éste es un país federal” (2). Así de claras fueron las palabras de Mónica Cuñarro, titular del Comité Asesor en Materia de Represión del Narcotráfico y Criminalidad Compleja.
En el Convenio del `61 se planteó una política global que se llevaría a cabo a través de la intervención pura y dura de los aparatos punitivos de cada estado. En este sentido, cada país puso en práctica la llamada “tolerancia cero” sobre todo el ciclo nombrado, ahí entraron quienes consumen la droga de la misma manera que quienes la distribuyen. Si esa persona consume porque se le da la gana, por cuestiones medicinales, porque padece una enfermedad adictiva (o por la razón que sea, que no buscamos analizar ahora), no viene al caso porque ya quedó presa del sistema penal y criminalizada ante una gran parte de la sociedad. A pesar que cada gobierno ha insistido en la misma orientación pautada años atrás, recrudeciendo sus políticas antidrogas, las cifras van de la mano, pareciendo indicarnos que a mayor represión, mayor producción y consumo. “Las cifras difundidas por la Organización de las Naciones Unidas, indican que el consumo de cannabis, heroína, cocaína, éxtasis y otras drogas ilícitas se ha disparado, mientras que el precio al por mayor y al menudeo han decrecido”(3).
El panorama resulta alarmante, por lo tanto, organicemos la información:
⁃ la legislación está orientada por Estados Unidos, país con mayor cantidad de consumidores de drogas ilegales en el mundo,
⁃ no hay trabajos en materia de prevención que hayan resultado eficaces,
⁃ el problema se aborda desde el ámbito penal y no desde el sanitario,
⁃ se ha reafirmado la represión “antidrogas” pero el consumo ha aumentado, junto al acceso debido a una baja de precios,
⁃ los gobiernos cada cierto periodo de tiempo suelen estar implicados en casos de narcotráficos, o tener relaciones carnales con los acusados, tiempo después los medios de (des)información nos llenan de noticias nuevas, tapando la complicidad,
⁃ el dinero que mueve el negocio del narcotráfico a nivel mundial ha alcanzado cifras inimaginables años atrás,
⁃ los consumidores de drogas quedan excluidos del sistema de salud y del sistema laboral si han sido detenidos portando alguna sustancia,
⁃ escuchamos todavía esgrimir argumentos en nombre de “la moral” o de “potenciales” daños a terceros, hablando desde valoraciones personales y pronosticando supuestos acontecimientos futuros.
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LEGISLACIÓN. EL CASO DE ARGENTINA Y OTROS PAÍSES
En nuestro país no siempre ha regido la misma ley, en 1974 se deja por sentada una estructura punitiva muy severa para quien consumiera alguna sustancia ilegal. En estos tiempos, se construye una imagen absurda y propia de la época, una imagen muy política para el/la usador/a de drogas, basada en un estereotipo fascista que quedó constituido a través de la diada: drogas-guerrilla. “En esa primera etapa el denominado tóxico-dependiente es el enemigo político. El consumo de drogas es asociado a cualquier tipo de disidencia política cuyo objetivo apuntaba a destruir el sistema gobernante y la nación” (4).
En la legislación vigente se condena con prisión, multas y rehabilitación obligatoria a quien quedase involucrado en alguno de los procesos anteriormente mencionado. El punto al que vamos acercándonos en el análisis es al momento en el que, quien consume queda preso del sistema penal, obligado a declarar en contra de sí mismo, con la débil ilusión que esa persona será quien lleve a la Justicia a los peces gordos. Y esto, a simple vista, se cae por sí mismo ya que ha quedado claro que la denominada “guerra contra las drogas” no viene a ser más que una de las caras más visibles del intervencionismo estatal y del control político-social norteamericano.
Como es de público conocimiento, la política empleada por el estado colombiano no ha servido para los objetivos planteados. Si bien no se desconoce el atosigamiento y la destrucción de carteles que en décadas anteriores llevaban la delantera, lo invertido para ello ha dejado una gran guerra civil, millares de muertos, en las que no dejan de plantearse en un mismo sentido la relación guerrilla-gobierno-paramilitarismo. “La violencia y el crimen organizado asociado al tráfico de drogas ilícitas constituyen uno de los problemas más graves de América Latina. Frente a una situación que se deteriora cada día con altísimos costos humanos y sociales, es imperativo rectificar la estrategia de la “guerra a las drogas” aplicada en los últimos treinta años en la región. Las políticas prohibicionistas basadas en la represión de la producción y de interdicción al tráfico y a la distribución, así como la criminalización del consumo, no han producido los resultados esperados. Estamos más lejos que nunca del objetivo” (5), reza la declaración denominada “Una guerra perdida”, del documento “Drogas y Democracia: hacia un cambio de paradigma”, producido por la Comisión latinoamericana sobre drogas y democracia. La comisión estuvo coordinada por México, Colombia y Brasil en compañía de representantes de América Latina. Tal documento demuestra un arduo trabajo en el que la racionalidad política demuestra que a veces se pueden lograr cosas interesantes y debates de fondo para buscar soluciones. Soluciones, no parches.
El documento vislumbra trasfondos políticos y tiene una propuesta clara: terminar con las políticas represivas y prohibicionistas y trabajar con la reducción de daños. En este mismo sentido, avanzaría el proyecto de ley que está casi listo para ser puesto en práctica en Argentina. La Corte de Justicia tiene mayoría para dar el sí al proyecto, impulsado por el ministro de Justicia, Aníbal Fernández y elaborado por el Comité Científico (el que encabeza Cuñarro), quienes deben enfrentar la esperada resistencia desde los sectores más conservadores.
Desde PPP buscamos abrir el debate para que decisiones tan importantes como éstas sean pensadas, reflexionadas, discutidas por la mayoría; por eso trabajamos para que la información sea socializada, compartida, ampliada, contextualizada. El número anterior abrimos el debate con la reforma del artículo 86 del Código Penal, en materia de salud pública, referido al alcance del aborto despenalizado en Argentina (ver número anterior), hoy le tocó a un artículo de nuestra Constitución que lejos de buscar justicia, criminaliza a las víctimas.
Si el modelo que nos legisla está arraigado a prejuicios y preconceptos ideológicos no por tod@s compartido, es evidente que el debate público también estará mayormente identificado (o por lo menos en principio) a cuestiones valorativas y, en el peor de los casos, relacionado con el crimen, la mafia, la falta de valores y todos los etcéteras que nos han acostumbrado a escuchar. “Por ello, romper el tabú, reconocer el fracaso de las políticas vigentes y sus consecuencias, es una condición previa a la discusión de un nuevo paradigma de políticas más seguras, eficientes y humanas (…) Políticas seguras, eficientes y fundadas en los derechos humanos implican reconocer la diversidad de situaciones nacionales, así como priorizar la prevención y el tratamiento” (6).
Quienes impulsan el proyecto ya recibieron el apoyo de algunos países donde la tenencia de drogas para consumo personal está despenalizada, como en España, Uruguay, Brasil y en el Reino Unido. Con respecto a la política global de drogas en el mundo, el proyecto destaca que en Canadá, en Comité Especial sobre Drogas Ilegales del Senado, después de estudiar el tema durante dos años (con rigurosos análisis y estudios), planteó entre sus conclusiones que debería despenalizarse la tenencia para uso personal, mediante la exención penal y la necesidad de un plan para regular su producción, posesión y distribución. En Suiza el gobierno está revisando su política para orientarla en la misma dirección que el gobierno de Canadá. En Jamaica la Constitución Nacional de Ganja, recomendó la despenalización del cannabis para el uso privado y personal de adultos, así como para su uso sacramental en actos religiosos. Y casos exóticos como es el de Holanda, en donde no está prohibido fumar marihuana, pero sí tabaco.
En Argentina, la postura judicial en el tema ha mantenido distintas posturas. En 1978, durante la dictadura militar, estableció – a través del caso “Colavini”- que era constitucional sancionar la tenencia de drogas para consumo personal. En 1986, durante el gobierno de R. Alfonsín, la Corte volvió a examinar la problemática y firmó el fallo “Basterrica” donde se cambió de opinión y declaró inconstitucional la penalización de la tenencia en pequeñas cantidades (aunque estaría bien definir qué entendemos por “pequeñas cantidades”). Finalmente, en 1990, la Corte menemista -con otra composición- retomó criterios similares a los del `78 y volvió a penalizar la tenencia. Cuando se han pronunciado a favor de la despenalización los argumentos se levantan a favor de la “autonomía de conciencia”, la “voluntad personal” y la “libre elección”, quedando sepultadas estas banderas en los casos contrarios cuando condenan el mismo acto en nombre de los “valores morales” y hasta entender esto como “amenazas para la subsistencia de la humanidad”. Claros paradigmas enfrentados que representan una lucha de posiciones e intereses sin lugar a duda.
Acá no hablamos de una campaña apologética sobre consumo, ni planteamos lo que nosotr@s pensamos al interior de cada un@, sino buscamos darle un lugar a recomendaciones serias, realizadas bajo años de investigaciones. Creemos que descartarlas o no darle lugar, sería seguir insistiendo con actitudes prejuiciosas que responden sobre todo a valoraciones personales, morales y religiosas. Momento oportuno para apelar a la razón y mirar la experiencia, respetando de una vez por todas los principios que recomendaron desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1992: “el objetivo primordial de los programas nacionales para la reducción de la demanda debería ser minimizar el daño asociado al uso de alcohol, tabaco y otros estupefacientes”.
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⁃ (1) (3) PROYECTO DE LEY: MODIFICACIÓN DE LA LEY DE ESTUPEFACIENTES Nº 23.737. DESPENALIZACIÓN DE LA TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES PARA USO PERSONAL.
⁃ (2) ENTREVISTA REALIZADA POR EMILIO RUCHANSKY, EN PÁGINA 12. http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/3-38482-2009-03-01.html
⁃ (4) DIARIO DE SESIONES DE LA H.C.D.N. 27º REUNIÓN. 19 DE SEPTIEMBRE DE 1974. PÁG. 2859
⁃ (5) (6) DROGAS Y DEMOCRACIA: HACIA UN CAMBIO DE PARADIGMA Http://www.drogasydemocracia.org/files/2009/03/livro_espanhol_04.pdf

Opinar o mandar puteadita

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