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Si le duele el dedo tome una pastilla. Si le duele la cabeza tome un pastillol por día. Si teme morir de un infarto tráguese una aspirinita rosada por día. Si no puede ir al baño, una pastilla de carbón por día. Si teme morir al caerse del colectivo tome...
El Reforrismo Como era de esperase Pablito Lozano se mete en un tema, se enrieda, se tropieza, culpa a medio mundo y no aclara un zorcho. Ah, para variar le hecha la culpa al reformismo. Trate de perderse esta nota. (+) Mirotear
Caminar con Libertad Algunas opioniones sobre la despenalización de drogas para consumo vertidas por Gisela Marsala Cardona. (+) Mirotear
El estado critico “Los mediocres asustados se vuelven represores“ gatilla Domínguez en una hermosa defensa de la crítica, y nosotros creemos que tiene razón. (+) Mirotear
Riesgo Calculado Eldio Macedo dice de entrada nomás: ¡El Mundo cambió!... Claro, que las Responsables Supremas Autoridades, de los Países, saben de esto. (+) Mirotear
Ser humano Carlos Daniel Postizzi nos envió este inentendible texto (aunque interesante por cierto) para su columna Literario. A leer se ha dicho! (+) Mirotear
Guerra contra las drogas: guerra contra los consumidores
La Marsala insiste: a no joder con los drogones que ese no es el tema!
n medio de un enredo discursivo y una entramada de argumentos que intentan mantener el statu quo, escondiendo intereses sectoriales detrás de la supuesta obligación que tiene el estado de cuidarnos, se discute el proyecto que reformaría la actual Ley de Estupefacientes; específicamente despenalizaría la tenencia de drogas para consumo personal. Aplaudimos la iniciativa y además nos pusimos a pensar por qué la condena es nociva desde donde se la mire. Si nuestro sistema, a través de las leyes, busca de manera objetiva el bien común para la comunidad, debe ampararse en el “bien” que le hacen a la misma cumpliéndolas y haciéndolas cumplir. Pero no vamos a detenernos demasiado, sabiendo ya, que esto en la práctica no es así por dos motivos principalmente: por un lado, las leyes no fueron consensuadas (bueno, para no faltar al principio de verdad diremos, no siempre ni todas), por tanto es probable que no ampare intereses comunes; por el otro (en el caso de haber sido discutidas), si van en busca del bien común, no son respetadas. Nos concentraremos, entonces, en una ley que se respeta a medias y que entendemos, de bienestar no tiene nada. ¿Qué pasa con la Ley vigente de estupefacientes? ¿Qué postula? ¿Qué supone? Revista PPP va a desenmascarar tres supuestos que creemos, no están contemplados por dicha ley, aunque ella insista y diga que sí! El problema de las drogas en Argentina no está discutido en su totalidad y tiene como marco regulatorio el sistema penal, judicial y carcelario que está bastante lejos de pensar y ocuparse de la salud pública de la mayoría. Ya vimos en la nota anterior (ver “Caminar con Libertad”) cómo nuestra legislación ha venido acomodándose a los intereses hegemónicos de Estados Unidos en la lucha contra las drogas, por eso ahora es necesario encuadrarla específicamente en los problemas que la misma encierra. Carlos González Zorrilla -de la Universidad de Barcelona- plantea una visión distorsionada de la magnitud del problema real, ya que la misma es “producto de concepciones estereotipadas, cuyo fin ha estado orientado más a conmover que a informar” (1) e indica tres etapas en el proceso de construcción de tal imagen distorsionada del problema de las drogas: 1) En la primera etapa se ubica al/a usuario/a de drogas en clave política, “la figura del joven contestatario social o cultural que hace de su vivencia de las drogas una manifestación más de su rechazo de la cultura y del sistema social imperante, y como un instrumento más de su elaboración de un modelo social alternativo. Por esta razón, el consumo de drogas era asociado a cualquier tipo de disidencia política cuyo objetivo apuntaba a destruir al sistema gobernante y la nación. La única respuesta a ese enemigo social era la cárcel”. Claro, esto estuvo relacionado principalmente durante el periodo en el que el imperaba el terrorismo de estado. 2) En la segunda etapa el enemigo toma cuerpo en “el joven marginal de los barrios periféricos de las grandes ciudades”, entonces a partir de este momento quien antes era un enemigo político hoy mutó y por arte de magia se transformó en el joven que consume drogas para tomar coraje y comenzar con actividades delictivas, normalizando ambas prácticas. Ahora el traficante es un delincuente que debe encarcelarse y el consumidor un peligro social, por lo tanto, se lo priva de su libertad: a la cárcel o al sanatorio psiquiátrico. 3) En la tercera etapa el consumidor pasa a ser un enfermo que puede ubicarse en todas las clases sociales: “hay una preocupación a nivel social por intentar curar a los toxicómanos, surgen numerosas iniciativas legislativas que comienzan a plantear la necesidad de buscar alternativas a la prisión como modelo de respuesta que goza mayor prestigio en base a su pretendida eficacia”. Vigilar y castigar es el modelo que ampara a cualquiera de estas identificaciones. Así, vemos que según el momento histórico, nuestras sociedades han ido configurando y reconfigurando patrones modelos sobre el fenómeno de las drogas, hastiados de prejuicios y estereotipos impuestos. La imagen que va tomando forma en el tiempo, es una imagen construida, y tal construcción (que no se arma sola ni de un día para el otro) responde a diversas estrategias de control social que van de la mano de determinados proyectos políticos y económicos, donde olvidarnos de estos elementos, evidentemente nos llevan a concepciones acríticas como las actuales, diferenciándonos de nuestros pares que serán “desviados”, “enfermos” o “delincuentes”. “Acá siempre se está con el asunto de las drogas lícitas o ilícitas pero la que ha causado mayor cantidad de muertes ha sido la sobredosis de alcohol y nadie sale a detener alcohólicos por la calle” (2), afirma Martín Vazquez Acuña, Presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Nº1. Así, nuestra sociedad continúa permaneciendo ajena al debate profundo y transparente y las clases dirigentes continúan esgrimiendo argumentos discursivos que responden a un determinado tipo de dominación cultural que ya, no podemos desconocer. Los debates siguen girando en torno a supuestos desde los que parten hacia la condena directa, sin discutir desde dónde y porqué. LA LEY VIGENTE NO PROTEGE LA SALUD PÚBLICA Si bien quienes defienden la ley actual aseguran que intentan cuidar al posible consumidor y más aún, al consumidor frecuente, pero la experiencia nos ha demostrado que la condena penal, pone en un alto riesgo a quien consume alguna sustancia ilícita, además de excluirlo del sistema de salud. ¿Por qué? Porque “esta respuesta penal condiciona el contacto del usuario de drogas con las instituciones de salud en razón de representarse la posibilidad de ser detenidos. De esta forma, esta población, aparece privada en gran medida, no solamente de la acción terapéutica que pudiera necesitar en relación al consumo, sino también de la atención médica que urgen otras patologías (hepatitis, SIDA, cáncer, endocarditis, embolias, problemas pulmonares, etc.) y de la posibilidad de recibir información acerca de cómo evitarlas (por ejemplo, con relación al virus VIH, el uso de preservativos, descontaminación de jeringas, accesibilidad a equipos de inyección estériles, etc.) (3). Y la cuestión del SIDA en relación a la problemática no es cosa menor, ni de una minoría. Según el Boletín sobre SIDA del Ministerio de Salud de la Nación, en los enfermos de SIDA de ambos sexos, la principal vía de transmisión de la enfermedad es el uso de drogas intravenosas (40%) y luego por transmisión sexual, teniendo en cuenta los casos notificados de todo el país. Entonces, estamos hablando de más de 10 mil personas infectadas por usar jeringas compartidas a la hora de inyectarse determinada droga. Y si las cifras son escandalosas, tenemos que tener en cuenta dos aportes más que empeoran la situación: por un lado, son datos que constan de 1992, por otro, tales registros son de “enfermos de SIDA”, cuya notificación es obligatoria, pero no de portadores del virus (ni todas aquéllas personas que puedan haber quedado fuera del registro por cuestiones conocidas). Por lo tanto, estamos hablando de una población estimada entre 100 mil y 150 mil personas que viven con el virus (de las cuales otra gruesa cantidad ni siquiera lo sabe). Relacionar el virus con la droga y con la posible despenalización, es importante porque hay estudios que indican que más de la mitad de usuarios de drogas inyectables estarían infectados por el virus del VIH/SIDA. Ante esta situación no podemos mirar para otro lado. No podemos desconocer una realidad palpable porque no nos guste la idea de pensar diferente. Se hace evidente la necesidad de otros patrones culturales que nos ayuden a legislar de una manera que no sea criminalizando, encerrando, excluyendo. Tampoco podemos desconocer las situaciones a las que se exponen las personas que usan drogas en un país que penaliza su sola tenencia, ya que esto evidentemente la expone a riesgos mayores como falta de información, desigualdad, ilegalidad, estigmatización. No es sólo el caso del SIDA, sino que la penalización de la tenencia de drogas para uso personal, margina directa o indirectamente a los grupos vulnerables implicados y les cercena un derecho humano básico como es el acceso a la salud pública. Si nos acercamos a un caso particular, que no use drogas inyectables, que no posea enfermedades, que no esté en situación de riesgo económico, -entre muchas otras variables que generalmente van de la mano del consumo de drogas-, tenemos que hablar de la supuesta no-represión que postula la vigente ley cuando ofrece la amable posibilidad de “recuperar” al adicto en uno de sus centros de “salud”. Este tipo de medidas educativas y curativas para los “desviados” que “cayeron” en la droga tiene una función específica “hacia aquellos sujetos que, habiendo cometido o no algún ilícito penal, deben ser `orientados` hacia la aceptación de su identidad como peligrosa para sí mismo y/o para la sociedad, según las ideologías correccionalistas”. Lo llamativo de todo esto, es que nuestro estado se rija por leyes que hablan de moral (de un tipo de moral determinada) y de daños potenciales a terceros sin tener la seguridad de que eso vaya a pasar o no. Entonces la misma ley parte de que toda persona que tiene consigo cualquier sustancia ilícita, aún en la cantidad mínima, ya ingresó al delito. Para nuestra ley, el consumidor es un delincuente. Me permito extenderme con una cita de Acuña que sintetiza muy bien la idea de estas palabras: “Tampoco se puede pretender que el estado aparezca obligando a realizar tratamientos, porque los tratamientos compulsivos han demostrado en toda esta historia, un fracaso rotundo. Vemos toda una historia, con el contacto personal con aquellos que han sido sometidos a proceso de tratamientos en granjas o en comunidades terapéuticas en las que se fijan normas de abstención de sexo, de abstención de drogas, pero eso no funciona. Lo que hay que buscar es implementar un sistema en el cual los usuarios se acerquen al sistema de salud, se presten voluntariamente y en casos extremos sí la acción judicial civil” (4). Por lo visto, lo que las autoridades y opositores a la reforma no se animan a decir es que lo ha fallado es el sistema implementado para buscar soluciones de problemas. LA LEY VIGENTE NO COMBATE EL NARCOTRÁFICO La ley 23.737 también supone que penalizando la tenencia podría disminuirse la demanda de estupefacientes y que esto arruinaría el negocio del tráfico de los mismos. Pero otra vez, la realidad nos golpea en la cara y nos muestra (a través de datos, registros, análisis e investigaciones) que esto de ninguna manera podría ser como se plantea. El hecho de no poder caminar por la calle con -supongamos por caso- un cigarrillo de marihuana, no podría significar que quien consume, deje de comprar y que así los empresarios del tráfico de drogas tristemente piensen en dedicarse a otra cosa porque el diler ya no le compra tanto, porque el pibe que fuma anda asustado (o con ganas de respetar la ley). Este esquema de pensamiento se presenta absurdo para los días que corren (y tal vez, para los que siempre corrieron). Desde la Secretaría de Drogas en Argentina, se prevé que cerca de un millón de personas tiene problemas de adicción en el país. Un millón de peligrosos sociales y potenciales delincuentes. Con tal cantidad de consumidores por un lado, más la policía puesta al servicio del cumplimiento de la ley, la saturación de la justicia federal por el gran número de causas por drogas (por tenencia de droga), es una de las piedras más fuertes que se interponen en este camino filoso. El Foro de Estudios sobre Administración de Justicia (FORES) informa que, de las 23.000 causas que existían en juzgados federales en 2001, 12.934 eran por drogas. Entonces, más de la mitad del presupuesto judicial fue invertido en esa área. Del total de esos casos, 284 se desestimaron, 28 prescribieron y 8.808 se archivaron!! Así, sólo 153 casos llegaron a juicio, lo que equivale a poco más de un 1% del total. Queda manifiesto con estas cifras tan fuertes que pretender abordar desde lo penal tamaña cantidad de casos resultaría en todos los casos ineficaz. Hablamos de uno a tres millones de personas que usan drogas ilícitas y esa forma de razonamiento se derrumba en pocos segundos. El arresto del simple consumidor como herramienta eficiente para llegar al traficante se presenta incompatible y no ofrece perspectivas de mejora a futuro. “Considerar que el consumidor es el mejor medio disponible para llegar al traficante, parece insostenible por dos fuertes razones. (…) vendría a consagrarse el principio de que es posible combatir toda conducta no deseada mediante el castigo de quien es su víctima, desde que siempre la víctima y su situación son condición necesaria de la existencia del delito. Así, castigando a los propietarios de automóviles se eliminarían las circunstancias que promueven el delito del que los roba; castigando a las mujeres más hermosas se eliminaría el factor de tentación a la ejecución de delitos contra el pudor, etc. Este es el riesgo de tipificar un delito por la inclusión en el tipo de la situación misma de daño que la acción ilícita produce, y lleva a la confusión de transformar a la víctima de un hecho ilícito en su coautor. (…) Desde otro punto de vista, pensar que el consumidor, al ser calificado como delincuente, estará a disposición de la autoridad para poner en evidencia al proveedor, (…) supone olvidar que nuestra Constitución Nacional otorga a todos los habitantes el derecho a no declarar contra sí mismos (art. 1. Se obedece a una práctica represiva para obtener información que nuestro país intenta desterrar definitivamente, y cuyos efectos perniciosos sobre la sociedad no son menores que los que se pretenden combatir con las providencias contra la drogadicción. La persecución penal o la acción policial sobre las víctimas de conductas ilícitas no puede ser concebida como un medio apto para evitarlas. Castigar a quien consume en razón de que es un "potencial" traficante equivaldría a castigar a un coleccionista fanático porque es un potencial ladrón de los objetos de la especie que colecciona. Es obvio, por lo demás, que las sociedades modernas no se inclinan a enfrentar todos los graves problemas que padecen mediante la incriminación de las víctimas de esos mismos problemas. No se podría perseguir el rufianismo, el lenocinio o la trata de blancas, encarcelando a los "clientes". No resulta atinado creer que los graves problemas sociales que afligen al mundo actual en el campo de la salud pública, de la educación, de las consecuencias de la extrema pobreza, etc., sean solucionables por la vía de la aplicación de penas a las víctimas de tales situaciones, sino por políticas integrales que el Estado debe instrumentar en legislaciones completas, con gran cuidado de la construcción de los tipos penales que en ellas se introduzcan (5). Penar al último eslabón del extenso circuito que compete al narcotráfico supone igualar a los capos del negocio con quienes consumen sustancias que nuestro estado considera ilegales. El negocio de las drogas reporta aproximadamente 500 mil millones de dólares anuales, y sólo en Europa se calcula que se produce una ganancia de 16 mil euros por segundo. Alrededor de semejantes fortunas vive un imperio financiero que junto con la complicidad de las grandes potencias, blanquea anualmente gigantescas e inimaginables cifras de narcodólares. No podemos dejar este engorroso tema de lado, cuando nuestros gobiernos proponen la estrategia vigente para combatir el narcotráfico. Elias Neuman (en Las drogas, entre el fracaso y los daños de la prohibición. Nuevas perspectivas en el debate despenalización / legalización) completa que “ya por 1980 la D.E.A. había detectado fugas de capitales hacia cuentas bancarias fuera de los Estados Unidos por más de 2.000 millones de dólares… El dinero era luego traspasado a otros bancos de Suiza, Bahamas o Panamá y, ya lavados, convergía nuevamente a los Estados Unidos… Esos bancos (suizos, de Bahamas y el Caribe) ayudan a los traficantes de la droga a lavar entre 200.000 a 300.000 millones de dólares anuales solo provenientes de la venta de drogas en los Estados Unidos. El Citibank es el banco que más lava, conjuntamente con sus 400 sucursales en el mundo. (…) En Estados Unidos se abastecen a diario y sin problemas 20 millones de adictos, lo cual sólo es posible con redes de comercialización y distribución internas grandes y eficientes”. Entonces ¿cuál es la causa de fatal inoperancia a la hora de trabajar en el problema de las drogas? Ofrecer mayores respuestas resultaría una obviedad. Si años atrás todos los objetivos estuvieron puestos en combatir el comunismo, podemos decir que desde Ronald Reagan (quien declaró la “guerra contra las drogas” en 1982) el intervencionismo estatal tomó forma a partir de la problemática que las drogas plantean, conjuntamente a la guerra antiterrorista de unos años hacia acá. Colombia es un claro ejemplo de esto: la supuesta lucha para erradicar los cultivas de coca –financiada por Estados Unidos- se convirtieron en la excusa perfecta para avanzar sobre los movimientos guerrilleros, fumigando y destruyendo comunidades enteras. El Plan Colombia no ha funcionado y el costo que ha dejado ha sido muy alto social, cultural y humanamente. En fin, uno de los aspectos más dramáticos está representado por el cómo se han concentrado los esfuerzos represivos del estado sobre la población de usuarios de drogas ilegales, produciendo daños sociales múltiples y masivos. La “guerra” se viene librando contra los consumidores. EL CONSUMO DE DROGAS NO TIENE RELACIÓN DIRECTA CON LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA “La droga es una de las raíces del delito. ¿Quién me garantiza que esa persona que se droga no va a salir a cometer algún delito?” Vaya irresponsabilidad la del funcionario que no sólo piensa de este modo, sino que además, hace público su escaso entendimiento. Es Daniel Scioli, gobernador bonaerense, el que declaró al diario La Nación su postura anti-despenalización, relacionando el consumo de drogas de manera directa con actitudes delictivas. Si desde PPP decidimos encarar este tema es porque estamos convencidos que el acceso a una información veraz y comprometida, sincera de sus orígenes, puede colaborar a la libertad, porque no existe elección sin información. Palabras como las del Scioli provocan una gran confusión sobre lo que se discute. A través de los datos que se obtienen de aquéllas personas arrestadas por poseer alguna sustancia ilegal al momento de la detención, podemos conocer un perfil aproximado del consumidor: ⁃ 92,8% son varones ⁃ 39,9% son ocupadas, con trabajo permanente ⁃ 97,8% no había sido encarcelada con anterioridad ⁃ 90,8% no portaba armas al momento de la detención ⁃ 97,3% no estaba cometiendo un delito en ese momento ⁃ 87% poseía menos de 5 gramos de marihuana o cocaína ⁃ y el 67,5% de esas causas se han resuelto a través del sobreseimiento o desestimación (6) Los datos que entrega la Secretaría de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, basado en 500 casos, van en la misma dirección. Por lo tanto, el perfil del “perejil” que encontró la policía con drogas en su poder, es claro y visible. Además es sabido que la mayoría de las detenciones se realizan en boliches y recitales, otro punto importante a la hora de tener en cuenta el tipo de trabajo que realizan las autoridades competentes. Años y años de criminalización de los usuarios de drogas, que nada tienen que ver con el delito, dejan un saldo irreparable para ellos. Son miles los que quedan marcados, con antecedente criminal, por haber sido encontrados tal vez, con un porro. Así se le dificulta a esa persona el acceso a un trabajo digno y se lo ensucia ante el resto de la sociedad (teniendo en cuenta que se le abre una causa por tenencia de drogas, sin especificar cantidades, situación, contexto, perfil). El Dr Vázquez Acuña advierte que “aunque los jueces federales están archivando esas causas, muchas veces por la cantidad del producto, o porque no hay pruebas, o porque entienden que no son delitos, lo cierto es que los chicos son detenidos, son llevados a la comisaría y hasta que se consulta con el Tribunal interviniente estas personas están puestas en riesgo, porque ya entran en el sistema Penal. La puesta en riesgo es absurda” (7). La revista THC (especializada en cultura cannábica), en su publicación de diciembre de 2008, informaba acerca de dos sucesos que vienen al caso y sirven a la reflexión: por un lado, titulado “La marihuana mata” cuentan: “Policías mendocinos se acercan a pedirle documentos a un hombre que estaba sentado en el banco de una plaza y ven que se traga algo. Acto seguido, éste empieza a hacer gestos de ahogo. Llaman a una ambulancia, pero el tipo se muere. De la garganta le sacaron una bolsita de nylon con faso. ¿A esto le llaman prevención?”, acontecimiento que en la provincia no fue difundido. Por otro lado, socializan un hecho más que confuso, un tapicero encontró ocho kilos de cocaína escondidos en un doble fondo de una Peugeot Partner del SEDRONAR!!! (Secretaría de Drogas y Lucha contra el Narcotráfico), cuando se la dejaron para acondicionarla. El vehículo estaba a cargo de Carlos A. Oreiro, quien es el chofer de José Ramón Granero, titular del SEDRONAR. Pero qué cosas tan extrañas pasan en esa institución, alegando que se debe a un olvido desde el día que detuvieron a un narco de Santa Fe hacía muchos meses antes. Lo que todavía no se entiende es por qué los paquetes no se parecen a los que incautaron aquélla vez ni en peso ni en descripción, ni por qué estaban numerados (claro, los paquetes que se incautan se enumeran, se describen, se registran y luego, supuestamente se incineran). Casos como estos ponen al descubierto la mafia que coexiste en cada parte del país (de este y de todos), la cual queda en el olvido rápidamente, no se publica en los medios de (des) información, ni se la menciona a la hora de ponerse en contra de reformas legislativas. Claro, Granero lucha contra el narcotráfico y por eso, además de olvidarse la droga escondida en la camioneta, representa una de las más fuertes oposiciones a que la despenalización de la tenencia sea un hecho. Mónica Cuñarro, titular del Comité que encara el proyecto, declaró a Página 12 que de la droga incautada se destruye algo, pero que no hay un mecanismo en la policía que permita saber sobre la sustancia, su corte, su calidad, y que al momento de la destrucción por orden del juez, se corrobore que lo que se quema es lo mismo que lo que se incauta, “a mi no me interesa como fiscal si se encontraron 5, 10 o 15 kilos de cocaína, me interesa saber si aparte de eso detuvieron a alguien, dónde estaba almacenada la droga, datos que sirvan para desbaratar a la banda completa. No tiene que ver con el peso, sino con los controles de corrupción, yo puedo tener 50 kilos decomisados y al momento de la destrucción son 50 kilos de harina”. Imaginen entonces qué pasará con la droga que se incauta... con las grandes cantidades o con las que les secuestran a los consumidores que detienen. La hipocresía que invade este tema en particular no deja de sorprendernos. Por lo tanto, por el hecho que existan costumbres, principios, ideas y ritos sociales “distintos” a los que comparte una gran parte de la comunidad, no significa que sean peligrosos ni inferiores, mucho menos potencialmente nocivos para la comunidad toda o terceros. Es decir, las actitudes que una gran parte de la sociedad repudie por el hecho de no adecuarse a su tabla de valores éticos y por lo tanto, consideradas “moralmente ofensivas”, quedan exentas de la autoridad de un juez, cuando no perjudiquen a terceros. No es función del estado establecer el modelo a seguir de los individuos que el contiene. Entendemos por “moral pública”, las acciones privadas de mujeres y varones “que no interfieran con las acciones legítimas de terceras personas, que no dañen a otros, o que no lesionen sentimientos o valoraciones compartidos por un conjunto de personas en cuya protección está interesada la comunidad toda. Hay así una serie de acciones sólo referidas a una “moral privada”, que es la esfera de valoraciones para la decisión de los actos propios, los cuales no interfieran el conjunto de valores y de reglas morales compartidos por un grupo o comunidad, ya sea porque esta última no se ocupa de tales conductas, o porque ellas no son exteriorizadas o llevadas a cabo de suerte tal que puedan perjudicar derechos de los demás”. Es importante no perder de vista el foco, el artículo 14 de la Le 23.737, se basa en afirmaciones superiores que no son demostrables y se juzga a la persona a través de un riesgo hipotético. Se implementa una pena basada en daños potenciales que podrían ocasionarse, en función de prejuicios y valoraciones no compartidos. “Desde el principio, y todo este tiempo hasta aquí... justificándonos, por ciencia, por dios, porque si...” (1) (1) CARLOS GONZÁLEZ ZORRILLA, CITADO POR CECILIA SOSA EN LAS DROGAS Y EL PRIMER MUNDO (2) DELINCUENTES LOS CLANDESTINIZA”. MARTIN VAZQUEZ ACUÑA. ENTREVISTA DE (4) (7) “ETIQUETAR A LOS TENEDORES DE DROGA PARA CONSUMO PERSONAL COMO FERNANDO AGUINAGA PARA DIARIOJUDICIAL.COM (3) PREFACIO. SOBRE DROGAS Y POLÍTICAS. SILVIA INCHAURRAGA Y GUSTAVO HURTADO, EN LAS DROGAS: ENTRE EL FRACASO Y LOS DAÑOS DE LA PROHIBICIÓN. (1) (4) FALLO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN - FECHA: 29.8.1986. TEMA: TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES PARA USO PERSONAL.: TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES PARA USO PERSONAL. BAZTERRICA, GUSTAVO M. - BUENOS AIRES, AGOSTO 29 DE 1986. VOTO DEL DR. PETRACCHI. (5) INVESTIGACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DE LA LEY 23.737 DE TRÁFICO Y TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES. DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL. MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN. (1)
Hola chicos de PPP, antes que nada, quiero felicitar a la autora por tremenda nota... podemos no estar de acuerdo con algunos puntos de argumento, pero el trabajo de investigación que tiene y me gustó.
Me ha contado un pajarito que ya salió la revista en papel!!!!Pero dónde puta la venden????Un abrazo y espero una respuesta che!!!
Emanuel Italiano recrimina a las primeras víctimas generacionales de la última dictadura y clama por el entendimiento y la experiencia de la generación anterior. Manso aporte. Vos también podés: dale click a contacto!
Como era de esperase Pablito Lozano se mete en un tema, se enrieda, se tropieza, culpa a medio mundo y no aclara un zorcho. Ah, para variar le hecha la culpa al reformismo. Trate de perderse esta nota.
. Se obedece a una práctica represiva para obtener información que nuestro país intenta desterrar definitivamente, y cuyos efectos perniciosos sobre la sociedad no son menores que los que se pretenden combatir con las providencias contra la drogadicción. La persecución penal o la acción policial sobre las víctimas de conductas ilícitas no puede ser concebida como un medio apto para evitarlas. 
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nuevo seguidor
un mail de un copañero de solar.org.ar, y me gusto mucho, asique ya los agregue
en mi feed reader, y pueden ...
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ES UNA LUCHAAAAAAAA - Hola Daniel, mi nobre es Juany. Muy copada la postura,
que está como metidita de cajón en tu nota, pero está bueno que sea así. Sabés
lo que pasa, que cada vez que ...
Muy buen artículo - Lindo....enredado pero lindo. Propio de nuestro
sistema......sistema que nos representa en tanto argentinos que somos. Nadie
duda que somos fruto y nutriente de las co...